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Derecho a la intimidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

Edward Snowden.

Edward Snowden (Foto Internet)

Una mirada crítica a la intromisión estatal en la vida privada de los ciudadanos

Claudia Yamile Ramírez Hernández *

Las recientes revelaciones consideradas altamente sensibles por su contenido secreto, realizadas por el ex agente de la CIA y ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Edward Snowden a The Guardian y The Washington Post, según las cuales el gobierno norteamericano estaría realizando vigilancia electrónica sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos norteamericanos, desata una aguda controversia sobre el alcance que las actuaciones estatales pueden tener a la hora de preservar la seguridad nacional, frente al derecho a la intimidad y privacidad que tienen los ciudadanos.

El 6 de junio de 2013 es una fecha que se recordará gracias a las consecuencias que se derivan de la noticia en desarrollo según la cual el gobierno de Estados Unidos realiza vigilancia electrónica a las comunicaciones privadas no sólo de millones de sus nacionales, sino también de personas y gobiernos en diferentes lugares del mundo. Es evidente que los roces diplomáticos que se generan tras semejante afirmación son de consecuencias aún sin dimensionar, pues la acusación de espionaje norteamericano incluye a países con los cuales el gobierno Obama mantiene lazos de amistad.

Se trata de una conducta estatal que intenta justificarse tras un discurso de más de una década de lucha contra el terrorismo y que considera el comportamiento de Snowden como criminal, razón por la cual se busca su retorno a Estados Unidos para ser procesado por espionaje y alta traición. La situación fáctica que ocupa los medios de comunicación representa una tensión que enfrenta el derecho de las personas de mantener en la esfera de su intimidad aquellas comunicaciones personales en contraposición con la necesidad de ejercer un estricto control que garantice la seguridad de la nación.

DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Cuando Edward Snowden desveló información clasificada como altamente sensible por el gobierno de los Estados Unidos a medios de comunicación anglosajones, tal vez no tuvo en cuenta la pugnacidad que surgiría entre el derecho a la intimidad de las personas y el deber del Estado a proteger a sus nacionales en su vida, honra y bienes.

Este planteamiento es un debate necesario luego de que el mundo conociera el programa de vigilancia electrónica que lleva a cabo la administración Obama y que incluye el acceso a las bases de datos y la información que los usuarios de las redes de telefonía móvil y redes sociales transmiten a través de mensajes de datos, de voz, imágenes, videos y demás información, perfiles y archivos utilizados en dichas plataformas tecnológicas, situación que permea no solo a los nacionales estadounidenses, sino a personas de diferentes partes del mundo e incluso información estatal de otras naciones.

Para abordar este asunto es menester revisar los dos conceptos que se contraponen. Por un lado el del derecho a la intimidad de las personas, y por el otro el deber que tiene el Estado de garantizar protección a sus nacionales, para lo cual puede en determinadas circunstancias, sacrificar algunos derechos civiles.

En el campo del derecho a la intimidad personal el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Esta previsión fue recogida en la Constitución colombiana en el artículo 15 y desarrollada posteriormente en la jurisprudencia constitucional de la Corte colombiana en numerosas sentencias, recogiendo lo que a mi juicio, resume aquello que por intimidad entendemos:

“Desde 1992, la Corte Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la intimidad como un derecho fundamental que permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo tengan con el mínimo de injerencias exteriores. Se dijo en ese entonces que se trataba de un derecho “general, absoluto, extra-patrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer “erga omnes”, vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta (…)”. Se afirmó también que la intimidad es “el espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ser lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto…”

En cuanto al deber es necesario tener en cuenta el contexto en que se mueve la significación de la limitación que pretende imponer el Estado en ejercicio del deber que constitucionalmente le compete, que para el caso específico es la lucha contra el terrorismo y la obligación de proteger a sus nacionales de dicha amenaza. Al respecto ACNUR  sostiene que “…el terrorismo tiene efecto directo sobre el ejercicio de los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de tomar medidas efectivas contra el terrorismo…” situación no sólo legítima, sino necesaria en un mundo cada vez más golpeado por la barbarie de ataques provenientes de diferentes latitudes y con distintos móviles. Lo que resulta absolutamente necesario es que las medidas que se adopten sean proporcionales a la amenaza, haciendo que las limitaciones a ciertos derechos sea admisible para lo cual  se hace indispensable un soporte jurídico que legitime el proceder estatal, dicho soporte lo constituye en los estados de derecho la inclusión legal que determine el carácter democrático de la medida y su alcance práctico.

El artículo 17 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos prohíbe la intromisión en la vida privada de los nacionales de los países signatarios, y respecto de la vigilancia y la vida privada de las personas el texto en cita, señala:

“La mayoría de los Estados ha aumentado la seguridad en los aeropuertos y en otros lugares de tránsito, por ejemplo, recogiendo datos biométricos de los pasajeros (examen ocular por un escáner y huellas digitales), fotografías, detalles del pasaporte y otros semejantes. Los Estados han otorgado desde hace mucho tiempo a sus servicios de inteligencia y seguridad las atribuciones de vigilancia, incluidas la vigilancia electrónica

y el uso de mecanismos de seguimiento. Algunos Estados han ampliado significativamente esas atribuciones de vigilancia en los últimos años. Todas esas prácticas implican la recolección de información acerca de una persona. En consecuencia, limitan la vida privada de esas personas, así como plantean cuestiones acerca de la forma en que se han de proteger los datos. La injerencia en la vida privada deriva también de las investigaciones de seguridad y los registros corporales de personas.”

Ahora bien, debido a la importancia que conlleva el deber estatal de proteger a sus nacionales, es claro que aquello que justifica una medida de vigilancia e intromisión a la vida privada de las personas, no es otra cosa que la autorización legal que señala quién, para qué, hasta cuándo, cómo, etc., es permitida dicha vigilancia, con lo cual se recoge una justificación que explica el alcance del derecho a la intimidad en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

El Acta Patriótica sería la respuesta de legitimidad que Estados Unidos le enrostra al mundo que critica su proceder, pues el alcance de supresión de derechos civiles que comporta esa normativa que fue aprobada poco después de los ataques del 11 de septiembre por una mayoría casi absoluta en el Congreso norteamericano, muestra a un Snowden más cerca a la traición que al heroísmo. Estados Unidos hace uso de un mecanismo legal (Patriotic Act) que legitima una vigilancia electrónica por medio de la cual se sacrifican libertades civiles protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La legitimidad que descansa en dicha práctica la constituye haberse creado a través de mecanismos democráticos respaldados por un pueblo golpeado por el terrorismo en uno de los ataques más graves y demenciales de los que se tengan memoria en la historia reciente de la humanidad. Si bien Estados Unidos utiliza el mecanismo de vigilancia a sus nacionales en extensión a otras personas y Estados del mundo, no es menos cierto que la amenaza terrorista es global y traspasa fronteras, y que de un adecuado uso de la información obtenida a través de dicho sistema tecnológico es posible prevenir y activar alarmas tempranas que eviten la comisión de nuevos hechos violentos.

 * Abogada colombiana especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Derecho Público, Doctoranda, Docente Universitaria, Investigadora Jurídica.

2.  Sentencia c-640 de 2010. M.P. Mauricio Cuervo.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-640-10.htm  consultada el 11 de julio de 2013.

3.  Los Derechos Humanos, el Terrorismo y la Lucha contra el Terrorismo. Derechos Humanos. Folleto No. 32. Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32sp.pdf consultado el 11 de julio de 2013.

4. Ob. Cit. Ib. P 48

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